It is hard to conceive of a more complicated relationship than the one between Mexican immigrants who only recently arrived in the United States – legally or illegally – and Mexican-Americans whose families have lived here for generations.
It’s a relationship that is center stage now that Arizona Gov. Jan Brewer has signed SB 1070, a ghastly piece of legislation intended to get rid of one group by targeting and inconveniencing the other. It is no surprise that, when opponents of the law turned out recently in dozens of U.S. cities to condemn what is a license to racially profile in trolling for illegal immigrants, Mexican-Americans were well represented among the protesters.
They know a bad thing when they see one. The Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act is a hypocritical and self-destructive law that is probably – in a legal sense – not long for this world. Hypocritical because Arizona now wants to play the victim of an illegal immigration problem that it helped create by offering illegal immigrants a friendly hiring climate for decades. Self-destructive because Arizona – if it succeeds in ridding the state of illegal immigrants — is sure to suffer from boycotts, diminished productivity, and lost federal revenue tied to Census figures. Not long for this world because it violates the 4th Amendment’s protection against unreasonable search and seizure, the 5th Amendment’s right to due process, and the Necessary and Proper Clause which makes plain that enforcing immigration law is the job of the federal government and not of individual states.
Es difícil imaginar una relación más complicada que la relación entre los inmigrantes mexicanos recién llegados a los Estados Unidos – tanto legal como ilegalmente – y los mexicano-americanos cuyas familias han vivido aquí durante generaciones.
Esta es una relación que actualmente ocupa el primer plano debido a que la Gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, ha firmado la ley SB 1070, una horrenda legislación que lleva la intención de deshacerse de uno de estos dos grupos al mismo tiempo que enfoca y molesta al otro. A nadie sorprende que, cuando los oponentes a dicha ley organizaron demostraciones en docenas de ciudades de los EE.UU. para condenar lo que es en realidad una licencia para utilizar el perfil racial en la búsqueda de inmigrantes ilegales, los mexicano-americanos estuvieran muy bien representados.
Ellos saben reconocer algo malo cuando lo ven. La ley en pro de Colonias Seguras y Apoyo a la Aplicación de la Ley es una ley hipócrita y auto-destructiva que muy probablemente no tendrá una vigencia larga en el sentido legal. Hipócrita porque Arizona ahora quiere hacerse la víctima de un problema de inmigración ilegal que el mismo estado ayudó a crear ofreciendo por décadas un ambiente laboral amistoso a los inmigrantes ilegales. Auto-destructivo porque Arizona, si llegase a tener éxito en deshacerse de los inmigrantes ilegales, es seguro que sufrirá boicoteos, una reducción en la productividad, y la pérdida de ingresos federales atados a los números que arroja el censo. Que no tendrá una vigencia larga porque es una violación a la protección que ofrece la 4ª. enmienda a la Constitución contra la búsqueda y captura irrazonables, al derecho a proceso legal que garantiza la 5ª. enmienda y a la Cláusula Necesaria y Apropiada que aclara que la aplicación de las leyes de inmigración es competencia del gobierno federal y no de los estados.
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